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C. GARSÁN
Viernes, 19 de septiembre 2014, 00:03
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Hace dos meses que aplazaron la reunión, pero, por el momento, parece que no llega. La Asociación de Inquilinos de Vivienda Pública retrasó su encuentro con la nueva directora de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Inmaculada Solernou, destinado a tratar las nuevas condiciones económicas para los vecinos con el fin de que desde la administración pudiesen estudiar detenidamente su problemática, sin embargo, afirman no haber sido atendidos una vez pasados los dos meses de cortesía que acordaron y demandan cambios inmediatos en la gestión para que las condiciones se adapten a la actual situación económica.
La «necesaria» reunión, cuenta Trini Piquer, presidenta del colectivo, tratará de conseguir una reducción del 25% en el alquiler de vivienda pública, así como una bajada de los gastos de comunidad y también de los baremos para acceder a las ayudas, del mismo modo «que los sueldos han bajado». Asimismo, y cómo ya hicieran con las viviendas gestionadas por Aumsa, también pedirán al EIGE que permitan el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en mensualidades. Los vecinos recibieron un aviso el pasado mes de julio que les instaba a pagar el impuesto en un plazo de quince días, lo que levantó una nube de protestas entre los inquilinos. Tras las quejas, lograron que el EIGE aplazara la decisión, un tema que deberán retomar en la próxima reunión con Solernou.
Pero este es sólo el principio. La asociación denuncia que en estos momentos hay hasta un centenar de viviendas gestionadas por el entidad vacías, sin ser ofertadas. «Nadie entiende que haya cien viviendas sociales vacías y que no se pongan en marcha, ¿cómo es posible que se hayan dejado deteriorarse? Vamos a pedir su desbloqueo», afirma Piquer, que cree que se podrían haber ahorrado miles de euros en posibles reparaciones de haber hecho una mejor gestión de estas casas. Por su parte, fuentes del EIGE confirman que esta situación se debe a cuestiones de tramitación y anuncian que la reunión con los vecinos llegará antes de que acabe el presente mes de septiembre, aunque todavía se desconoce si admitirán o no las demandas del colectivo referente a la rebaja del alquiler y baremos.
Desde la asociación afirman que en la primera reunión mantenida con la entidad y los sindicatos ya se planteó que la actual situación de este centenar de viviendas es «intolerable», aunque afirman estar dispuestos a colaborar con la administración para dar salida cuanto antes a estas casas destinadas a Servicios Sociales. «No puedes abandonar así una vivienda y que acaben entrando a llevarse desde las cañerías hasta los váteres», cuenta la presidenta de la asociación de vecinos.
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