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REDACCIÓN
Viernes, 19 de septiembre 2014, 00:02
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El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, consideró ayer al ser preguntado por la imputación de la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en la causa sobre presuntas irregularidades relacionadas con el Plan Rabasa, que «mientras no se demuestre lo contrario las personas no son culpables».
Así se pronunció Rus tras presidir la salida de la segunda edición del Camino Solidario por las Enfermedades Raras al ser preguntado por su opinión sobre esta última imputación. Al respecto, recordó que una imputación «es ir primero a declarar» y después es el juez el que decide si es culpable o no.
«Si hubiese hecho lo mismo que dijeron ayer los del PSOE, que tuviéramos que encerrar a las personas, eso sería una barbaridad. Antes de saber la respuesta ya están poniendo por delante que es culpable. Mi idea siempre ha sido que vayan, la justicia está ahí y todo lo que demanda la justicia se tiene que contestar y después ya justicia dice usted es culpable o no es culpable», indicó.
En todo caso, apuntó que «cada uno tiene una línea» e invitó también a los socialistas, «personas que levantan la bandera y dicen que se tienen que ir» a «mirarse al espejo». En este sentido, explicó que «hay una persona que está doblemente imputada», en referencia al diputado socialista José Manuel Orengo, ex alcalde de Gandia.
«Ayer salió su imputación y desde aquí (la Diputación) nunca hemos alzado la voz porque personalmente el sentido común nos dice que mientras no se demuestre lo contrario las personas no son culpables», concluyó el presidente provincial de los populares.
Por su parte, la alcaldesa de Valencia Rita Barberá, preguntada tras visitar las obras de rehabilitación del edificio de La Harinera por la recomendación que haría a Castedo tras su imputación, señaló: «No tengo yo nada que recomendar a nadie, a nadie. No tengo nada que recomendar a nadie».
El papel del PSPV
Por otro lado, en el último informe de la UDEF los agentes revelan que el exportavoz socialista, Blas Bernal, pudo haber recibido un regalo de Ortiz a cambio de su apoyo al plan Rabasa. Un velero que, aunque está a nombre del empresario, la Policía cree probado que, en realidad, pertenecía a Bernal.
Esta revelación generó ayer un nuevo tsunami entre las filas de los socialistas alicantinos. Desde la Ejecutiva, Gabriel Echávarri se apresuró a aclarar que Bernal «no es un militante socialista desde 2008» y añadió que, si lo fuese, «sería suspendido». Respecto a la presencia del veterano Ángel Franco en las conversaciones, matizó que no ha sido imputado, pero era tajante: «Cualquier imputado será expulsado de las filas de mi partido».
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